La Consejería usa el abandono deliberado de las infraestructuras y los recortes salvajes de personal para tumbar la matrícula, suprimir grupos, y preparar el cierre de los CEAs.
En el actual contexto de vulnerabilidad social por la crisis de la inflación, y en una Región de Murcia con las tasas de segregación y pobreza disparadas, es si cabe aún más grave y equivocada la deriva del Gobierno Regional contra la educación pública, atacando directamente su función integradora y de ascensor social. Así ocurre de manera sangrante con la privatización de la FP y de la educación de personas adultas. Esta última es objeto de una agresión continuada durante años por parte de la Administración, con reducción de cupos y abandono deliberado de las infraestructuras hasta la ruina.
El Gobierno Regional busca que sea el sector privado quién haga negocio con la educación y la inserción socio-laboral de las personas adultas que puedan pagársela. Por eso dejan a los CEAs sin personal administrativo suficiente ni para tramitar matrículas, sin ningún criterio conocido. Tampoco hay ordenanzas, de manera que son los equipos directivos los que deben abrir y cerrar puertas o hacer fotocopias, ni personal de orientación, y ni tan siquiera horas de tutoría para los ciclos de grado básico, que acumulan alumnado con dificultades y en riesgo de exclusión.
Los equipos directivos están siendo retribuidos por debajo de lo que les corresponde, de modo arbitrario, y no hay crédito horario para sus funciones. Ni siquiera para atender la coordinación de distancia entre las distintas sedes de los CEAs, muy trabajosa en estos centros, porque cuentan con mucho personal que se desplaza para trabajar en distintas localidades.
En definitiva, desprecio absoluto de la Consejería hacia este servicio público para personas adultas cuando lo necesitamos más que nunca. Para el Gobierno Regional cualquier cosa que frene la generación de exclusión social es un estorbo, como prueba el hecho de que la Región haya llegado a devolver a la UE partidas de gasto destinadas a combatirla. Su única política de trabajo es generar mano de obra barata.
Reiteramos nuestra demanda de apertura de negociación sobre la orden de cupos, que data de 2016 y está obsoleta. Una nueva Orden debe reconocer las nuevas necesidades y servir para aumentar el personal de los centros allí donde más falta hace, como es el caso de los CEAs. Deben establecerse criterios claros y transparentes sobre la asignación de personal para educación de personas adultas, así como reflotarse en este momento de necesidad la red existente, con nuevos ciclos y certificados de profesionalidad de los CEAs, que tanto luchan porque la gente pueda tener las oportunidades que el Gobierno Regional les niega.