La juez encargada del caso reconoce el derecho a un trabajador del Ayuntamiento de Barcelona y advierte de que “es innegable que el Estado Español no ha traspuesto la directiva antes del plazo correspondiente”
CSIF exige al Gobierno que apruebe de una vez el permiso de 8 semanas retribuido, como reclama Bruselas y ahora también la justicia.
