Consideramos inaceptable un presupuesto educativo sin rescate, y avisamos a toda la comunidad educativa de que se prepare para un curso bloqueado por las protestas de docentes.
Lamentamos que el Gobierno Regional ignore la llamada de auxilio de la educación pública, y que siga bloqueando todo diálogo con la comunidad educativa de la escuela pública. Insisten en presentar presupuestos a espaldas del personal docente, de las familias de la pública y de la sociedad civil. Insisten en nuestra ruina. No se han sentado a hablar sobre las necesidades de personal de los servicios esenciales, no afrontan la crisis de salud mental del alumnado. No dejan otro camino posible al personal docente que el de la movilización, la oposición a sus desastres y la protesta.
Consideramos además que su “anuncio” de “bajada de ratios” es poco más que una burla. Recordamos hoy, a todo el personal docente, que en el año 2019 López Miras ya prometió bajada de ratios y lectivas. Ahora, después de las primeras protestas, dice que como ya se nota en la región que hay menos niñas y niños de 3 años, pues la ratio puede bajarse solo en 1º de Infantil. Parece claro que este curso vamos a tener que paralizarlo.
Además, puesto que es sabido que el Gobierno Regional es experto en contemplar, año tras año, partidas de gasto que luego nunca ejecuta, pedimos que al menos esta vez sí cumplan con el gasto en infraestructuras, con la máxima urgencia, y que se comprometan a un incremento superior a los 70 millones. La Región de Murcia ha dejado los centros públicos en caída libre de infraestructuras durante décadas. Ahora tenemos las peores infraestructuras educativas de todo el sur de Europa. No se arregla con calderilla, sino con partidas de gasto superiores y sostenidas durante los próximos años.
Consideramos insuficiente el presupuesto para educación, e inaceptable que el dinero que se destina a la privada concertada aumente más del 8%. No llegamos al 5% del PIB regional para educación que es un objetivo económico ineludible y urgente. En vez de eso, el PP prosigue con sus hachazos fiscales unilaterales, por un lado, y riega por otro a las empresas y centros educativos privados con cientos de millones. Mientras tanto, deja caer la red pública en su peor hora.