Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia considera inaceptables las
condiciones de espacio físico de los cuatro centros escolares públicos de la localidad.
Para el secretario general de CCOO Enseñanza, Nacho Tornel, “la realidad escolar
del municipio de Los Alcázares supera cualquier excusa por parte de la
administración regional”, responsable del servicio educativo público. Se trata de una
localidad donde la pérdida de matrícula no se produce, pues no hay bajada en la
natalidad. De ese modo, la falta de políticas de planificación escolar ha provocado el
actual hacinamiento en los centros públicos.
Para Tornel “es injustificable que la Administración, que dispone de todos los
datos de población escolar, no haya establecido medidas para asegurar el servicio
educativo público desde hace más de una década”. Un efecto claro es que el
crecimiento de matrícula de los últimos años se deriva a la enseñanza privada
concertada, como es el caso de la implementación de ciclos de FP y del aula de 2 años
en el centro privado concertado de la localidad. Tal y como el Secretario General de
Enseñanza asegura “El presidente López Miras habla de libertad de elección de
centros en su acuerdo de gobierno de coalición, pero las familias que han elegido
centros públicos para sus hijos tienen que cargar con unas condiciones de
atención educativa claramente por debajo de los mínimos estándares de calidad. Es
decir, la inacción del gobierno regional sugiere a esas familias que busquen otras
opciones”.
La proliferación de aulas prefabricadas en el municipio (9 en el IES Menárguez
Costa, 5 en el CEIP Bienvenido Conejero, 4 en el Al Kassar), la anulación de aulas
específicas para convertirlas en aulas generales o la pérdida de espacios al aire libre son
la nota ordinaria en los centros públicos alcacereños.
Para CCOO la negativa mantenida por el gobierno regional desde hace una década
a diseñar un plan plurianual de infraestructuras educativas públicas es la puerta de salida
de miles de alumnos del sistema público para buscar amparo en el privado concertado.
Ese prisma del servicio educativo como negocio es la política educativa del gobierno
López Miras.