VINCULAMOS LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A UNAS MALAS CONDICIONES LABORALES EN EDUCACIÓN
Exceso de burocracia, horas lectivas, ratios: el personal docente y no docente de la pública no ha recuperado las condiciones laborales previas a los recortes en un contexto educativo cada vez más complejo.
Desde STERM insistimos en la reversión de recortes, la reducción de la docencia directa, de las ratios y de la burocracia. Estamos enormemente preocupadas por la salud mental de nuestras trabajadoras y trabajadores en relación con las condiciones de trabajo. Los datos sobre consumo de ansiolíticos sitúan a España entre los países peor parados, con Murcia a la cabeza. Los datos sobre el aumento de este consumo son muy preocupantes en sanidad, atención a mayores y dependientes, y educación.
La Región mantiene los recortes de 2010: da igual con quién hables, en cualquier centro te dirán que no tienen tiempo de nada. Nadie puede atender debidamente su vida personal, ni su vida familiar. Exigimos que se cumpla la Ley de Salud Laboral y, para ello, medios económicos y humanos. Después de la pandemia la salud laboral se muestra como un horizonte ineludible para los derechos del trabajo. El Comité de Seguridad y Salud Laboral en Educación es incapaz de ejercer la prevención. Ni siquiera logra hacer inspecciones en centros o realizar regularmente evaluaciones de riesgos psicosociales.
Demanda zonificar las áreas de trabajo como en sanidad.¿Los motivos? La conciliación de la vida laboral, personal y familiar, así como la reducción de la movilidad forzosa y los accidentes de tráfico. Debe aplicarse la Ley de Movilidad Sostenible, que obliga a las empresas con más de 500 trabajadoras/es a reducir la contaminación producida por los vehículos particulares. También solicitamos un Plan de Infraestructuras que contemple la bioclimatización y el ahorro energético frente al cambio climático.
Recordamos que la falta de personal técnico (ATEs, PAS) no solo perjudica al alumnado, sino también al personal que tiene que realizar labores que no le corresponden, porque son propias de personal especializado, con las consecuencias que pueda tener para su seguridad en el trabajo. Exigimos el aumento de personal docente, no docente, en Consejería, y en particular en el Servicio de Prevención; exigimos la mejora de sus condiciones de trabajo y que se reajuste su carga laboral.
Necesitamos más formación en horario laboral, transparencia en las adaptaciones y reubicaciones al puesto de trabajo, implementación de las evaluaciones de riesgos laborales en los centros y aumento de los exámenes de salud. Pedimos que se hagan públicas las inspecciones e intervenciones que se han llevado a cabo, la periodicidad con la que se van a realizary los resultados en cuanto a cumplimiento. Con esos datos sabríamos qué necesidades reales tiene el servicio para poder proteger la salud de sus trabajadoras y trabajadores. Las evaluaciones previstas para 2023 parecen seguir ignorando los riesgos psicosociales. Se echa en falta un plan para identificar centros «tóxicos» donde el número de bajas por motivos psiquiátricos sea superior a la media o donde se concentren muchas peticiones de comisiones por conflicto.
Todos los informes, y mucho más en un sector tan feminizado y envejecido, deben aportar datos estadísticos sobre bajas y enfermedades por categoría y desagregados por sexos, especificando qué tipo de problema de salud causa baja, para que así tengamos base empírica a partir de la cual proponer medidas. Se pide también que se amplíe el listado de enfermedades profesionales al recomendado por la OMS y la OIT.
COMITE-SALUD-LABORAL-29-03-23 Descarga
