STERM – En respuesta al manifiesto de ADES del 10 de junio de 2024 (Comisiones Docentes)

En respuesta al manifiesto de ADES del 10 de junio de 2024

STERM demanda que se negocie un sistema de movilidad docente justo frente a las comisiones docentes.

Celebramos que se abra un debate público entre el STERM, la asociación de directivos y el personal de la educación pública sobre el problema con las comisiones de servicio docentes. Sabemos que hay muchas personas que ejercen las labores de dirección con responsabilidad, eficiencia, dedicación y buena fe. A todas ellas, sin excepción, les agradecemos su trabajo, y se lo agradecemos de verdad, diciéndolo de corazón. Asimismo, volvemos a agradecer el esfuerzo con el que tanto personal docente pone en marcha proyectos ilusionantes, útiles y de calidad, que enriquecen la acción pedagógica.

Sabemos que no todos los directores abusan de las comisiones docentes, a pesar de que el sistema que tiene instaurado la Consejería es nocivo, injusto, y deja la puerta abierta a la picaresca, desde luego. Como sabemos, no caigamos en la ingenuidad, que hay otros que sí lo hacen. También tenemos la seguridad de que, en general, el personal que está destinado a cada centro trabaja de forma excelente, con la dedicación que le corresponde, sin que sea por tanto necesario traer docentes de fuera para que lo hagan, pasando por encima de la igualdad de acceso a los puestos por mérito y capacidad.

Entonces, dicho lo anterior, ¿hablamos del problema? Porque el problema existe, es real, y negarlo no ayuda en nada. No es constructivo limitarse a negar la mayor. Seguimos manteniendo que tenemos un problema grave con las comisiones de servicio docentes. Nuestra preocupación y propósito, en interés de todo el personal docente al que representamos, es hablar de este problema, no “desprestigiar” a nadie.

Estamos viendo cómo se conceden cada vez más comisiones docentes sin criterios objetivos. En los últimos cinco años el número de comisiones docentes ha pasado de 610 a 5.685, según datos solicitados por STERM al Portal de Transparencia. En cambio, en el mismo periodo, el número de comisiones en atención a situaciones personales especiales, entre las que se incluyen las humanitarias, se ha mantenido en torno a las 800, registrándose un aumento significativo de las comisiones humanitarias denegadas, que en 2023 se acercaron a las 500. Es inasumible. Además, gran parte del personal docente acaba “refugiándose” en comisiones docentes cuando en el fondo lo que necesita es acercarse a su domicilio para conciliar la vida familiar y laboral. No podemos tener a miles y miles de personas optando a puestos a dedo mientras a cientos se les dificulta la movilidad por motivos de salud. Aunque las direcciones no actúen de mala fe el sistema de movilidad está viciado y se tiene que cambiar. No hay cauces para denunciar las malas prácticas, porque la ley las está amparando. Por eso tenemos que señalar públicamente el problema.

No sirve de nada negar lo que está a la vista de todo el mundo. Se puede y se debe hablar. Estamos viendo que hay proyectos que son ridículos, aunque muchos otros sean estupendos. No pasa nada por decirlo. Las comisiones están mal reguladas y pasa ésto. Al sindicato llama mucho personal quejándose de estas comisiones, expresando su descontento, manifestando que estas comisiones están alterando el clima de convivencia, las condiciones laborales, o incluso indignadas porque se les va a desplazar de su centro para que la dirección pueda traer a alguien en comisión docente. Por otro lado, también llaman para quejarse desde los propios equipos directivos por la presión y los conflictos que les acarrea este sistema.

La obligación de STERM es dar voz a estas quejas, a través de los canales de negociación con la Consejería, o también, legítimamente, mediante el discurso público si así lo consideramos. No creemos de ningún modo que la prioridad de las comisiones docentes sobre las humanitarias esté “justificada” ni por las “necesidades de los centros” ni por ninguna otra cuestión. Las situaciones de carácter humanitario deben prevalecer en el orden de prelación para pedir vacantes en comisión de servicio.

Reconocemos que bajo determinadas condiciones haya que facilitar la estabilidad de las plantillas, o que en centros como los CRA o los CEA esto pueda ser más acuciante. También la necesidad de mecanismos para que las direcciones de los centros puedan contar con perfiles específicos, pero siempre provistos de manera transparente, acorde con necesidades pedagógicas determinadas públicamente, y mediante un baremo negociado con las organizaciones sindicales que representan al personal docente. No olvidemos tampoco que existen las comisiones de servicio por programas educativos -distintas de las comisiones docentes para proyectos- que sí pasan por una comisión de valoración que estudia caso por caso.

Solo nos hemos limitado, por tanto, a señalar lo obvio sobre las comisiones docentes: que hay demasiadas, que son peligrosamente discrecionales, y que tienen una prioridad sangrante sobre las de carácter humanitario. Si lo que se quiere es mantener las comisiones docentes como recurso útil, bien, pueden funcionar mediante concurso público, con un baremo, y una adjudicación transparente que evite la arbitrariedad que, de hecho, estamos sufriendo en demasiadas ocasiones.

Ofrecemos, desde la inquebrantable firmeza frente a lo que denunciamos, un diálogo constructivo para pedir juntos a la Consejería que cambie lo que no es justo, y que mejore el sistema de movilidad del personal garantizando a los centros una adecuada provisión de efectivos. Pedimos a los equipos directivos que no miren para otro lado, que avalen la prioridad de las comisiones de servicio humanitarias sobre las docentes. También que apoyen la demanda de habilitar algún modelo de concursillo como válvula para dar una salida limpia a las situaciones de movilidad, muchas veces dramáticas, que vive cada día el personal docente. Los equipos directivos de los centros, desde la calidad de su gestión, tienen que ser los primeros garantes de la imparcialidad en la provisión de efectivos, y los primeros en defender que se corrija cualquier mecanismo que, por inapropiado, pueda arrojar sospechas sobre la misma.

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