Uno de los retos más importantes que se presentan a las administraciones educativas en la actualidad es la escasez mundial de docentes y la necesidad de fortalecer la profesión.

El profesorado, como motor del cambio educativo, necesita la implementación de medidas que contribuyan a su motivación y al reconocimiento social de su labor. Dichas medidas deben encaminarse a la recuperación de sus condiciones sociolaborales que permitan una dignificación del trabajo docente, que cuenten con buenas condiciones de trabajo, entornos seguros, sanos y con recursos adecuados, confianza, autonomía profesional, libertad académica, una formación inicial de calidad y un desarrollo profesional continuo, entre otros.

Para lograr que la profesión docente sea verdaderamente atractiva, UGT considera imprescindible abordar de forma real y efectiva la mejora de las condiciones laborales del profesorado reconociendo el derecho a la promoción profesional con las retribuciones adecuadas que le correspondiesen.

La mejora de la atención al alumnado necesita de un enfoque global y ambicioso del sistema. Son necesarios incentivos encaminados a lograr la estabilidad en las plantillas y favorecer el atractivo en su desempeño para mejorar la atención del alumnado y la viabilidad de los proyectos educativos, especialmente en los centros en los que, por las características del entorno y/o del alumnado, sea más difícil realizar su desempeño educativo.

UGT considera fundamental la clarificación y potenciación de las posibilidades de promoción profesional y económica a lo largo de la vida docente. Muchos profesionales, que quieren y disfrutan de su profesión, se ven limitados por los escasos incentivos que ofrece. El establecimiento de un sistema de incentivos laborales y económicos será un gran estímulo para todos aquellos que, sin dejar su profesión, quieren ver reconocido su esfuerzo y su trabajo; además, se trataría de un sistema realmente discriminatorio y objetivo del trabajo bien hecho y de la dedicación a la docencia y la investigación en el campo educativo.

A principios del siglo XX, España iniciaba tímidamente el camino hacia la modernización y la enseñanza obligatoria; aún no se había instituido, ni mucho menos, una red pública de centros, y el profesorado adolecía de una mínima formación homogénea.

Los retos a los que se enfrenta la institución educativa del siglo XXI requieren un replanteamiento del perfil docente, aunque la formación universitaria del profesorado, afortunadamente, está consolidada.

La realidad vivida durante la pandemia, las exigencias y retos que supone la implantación del nuevo modelo educativo por competencias y más individualizado que propone la Lomloe y la experiencia del profesorado exigen replantear de forma seria la organización de los centros educativos, la jornada laboral y los perfiles del profesorado para poder llevar a cabo de forma efectiva y eficiente su labor: preparar sus clases, adaptar las programaciones didácticas al contexto, atender a la diversidad y al proceso de aprendizaje individualizado del alumnado, hacer una evaluación continua real, tiempo para crear y desarrollar nuevos proyectos o la incorporación de nuevas figuras, como la del coordinador o coordinadora de bienestar y protección (Ley Orgánica 8/2021), entre otras. Estas nuevas responsabilidades también aconsejan la incorporación de nuevos perfiles profesionales en los centros que complementen y refuercen la labor del profesorado.

En este contexto es en el que cobra un nuevo sentido la reivindicación histórica del modelo de Cuerpo Único que defendía UGT, que debe partir de una premisa inicial: la incorporación de todos los cuerpos docentes al subgrupo A1 con revisión de los complementos de destino y retribuciones.