Años de reivindicaciones ignoradas: ratios, burocracia e infraestructuras en una educación pública al límite
La Confederación STEs-Intersindical, de la que STERM forma parte, ha realizado un macroestudio estatal sobre las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública, con el objetivo de analizar las causas del creciente malestar docente y del deterioro del sistema educativo. Este estudio se ha elaborado a partir de más de 13 000 encuestas en todo el Estado, de las cuales en torno a 1100 corresponden a docentes de la Región.
Los datos obtenidos confirman lo que llevamos años denunciando desde STERM: la educación pública se sostiene sobre un modelo que sobrecarga al profesorado, quien ha asumido cada vez más tareas y no ha visto su salario actualizado con respecto al IPC.
La burocracia no nos deja hacer nuestra labor, que es enseñar
El 95,80 % del profesorado afirma que la burocracia resta tiempo a la labor docente, tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado. Lejos de simplificar procedimientos, la Consejería sigue trasladando nuevas tareas administrativas a los centros, profundizando en un modelo que ahoga al profesorado. Frente a esta situación, necesitamos urgentemente un acuerdo efectivo sobre la reducción de burocracia, uno de los principales factores que deterioran la calidad educativa y generan un malestar mayor en el profesorado.
Reducción de ratios y actualización de las órdenes de cupos
El 93,70 % del profesorado está en desacuerdo con que las ratios actuales permitan una atención adecuada a la diversidad del alumnado. Desde hace años venimos reclamando a la Consejería la actualización de las órdenes de cupos que regulan las ratios en las distintas etapas educativas. Sin embargo, la respuesta ha sido siempre una cadena de excusas: primero la supuesta falta de presupuestos, que finalmente fueron aprobados; después la ausencia de recursos económicos, a pesar de la intención de renunciar a la quita de deuda y a la financiación adicional; y, finalmente, la espera de decisiones a nivel estatal.
Aunque es cierto que el Ministerio de Educación pretende presentar una propuesta de ratios como límite legal, esta circunstancia no impide que la Consejería actúe de forma inmediata para mejorar la situación actual y adaptar las ratios a las necesidades reales del sistema educativo, en el que cada vez más hay una mayor detección de necesidades educativas. Asimismo, en el cuerpo de Maestras, la reducción del horario lectivo no conllevado un aumento del personal docente, lo que ha supuesto la pérdida de apoyos ordinarios y desdobles. De este modo, si finalmente se aprueba una reducción de ratios a nivel estatal, esta solo afectaría al sistema educativo autonómico en aquellos aspectos en los que suponga una mejora respecto a la normativa vigente.
Sin recursos suficientes y frente a una apuesta clara por la privatización
El 74,89% del profesorado manifiesta no contar con los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad. A esta realidad se suma la falta de un plan serio de infraestructuras educativas y la insuficiente preparación de los centros para hacer frente a las altas temperaturas, con el consiguiente perjuicio para la salud y el bienestar de alumnado y personal docente.
El estudio pone de manifiesto, además, una profunda desconfianza de las docentes hacia las políticas educativas de las distintas administraciones. En la Región, el 80,64% no cree que las administraciones estén apostando realmente por la escuela pública frente a la privatización de la enseñanza. Se favorecen procesos de privatización que no solo conciben la educación como un negocio, sino que actúan como una herramienta segregadora, incrementando las desigualdades sociales y educativas y rompiendo el principio de equidad que debe garantizar el sistema público.
Desvalorización social, aumento de la conflictividad y pérdida de poder adquisitivo
Las consecuencias de este abandono institucional se reflejan también en el clima de trabajo. El 85,21 % del profesorado considera que el clima en las aulas es conflictivo o complicado, y el 82,74 % percibe un aumento de las agresiones verbales o físicas por parte del alumnado, con un incremento significativo también de las agresiones procedentes de las familias. Todo ello se produce sin respaldo institucional: el 82,19 % del profesorado afirma no sentirse apoyado por la Administración. En una Región en la que el riesgo de pobreza y exclusión social es 5 puntos superior respecto a la media estatal —del 30% frente al 25%— y donde el abandono escolar es un 50% superior —20,6% autonómico frente al 13,2% estatal—, son imprescindibles recursos específicos que permitan atender a estas necesidades.
La falta de cuidado hacia el profesorado se extiende igualmente al ámbito salarial y al reconocimiento profesional. El 89,22 % considera que su salario no se ha revalorizado conforme al IPC, y el 84,02 % opina que el salario docente actual no es adecuado. Década y media después de la crisis financiera, arrastramos una pérdida del poder adquisitivo del 20% y seguimos con las pagas extraordinarias recortadas.
Desde STERM denunciamos que esta situación responde a una lógica mercantilista de la educación, entendida como un gasto que hay que recortar y no como una inversión social. Un modelo que exprime al profesorado, incrementa su carga laboral y deteriora su salud, mientras se aplazan sistemáticamente las soluciones estructurales que llevamos años reclamando. La educación pública no puede sostenerse indefinidamente sobre el desgaste de sus profesionales, de los que solo el 60,46 % califica su trabajo como digno. Sin reducción de ratios, sin un acuerdo real contra la burocracia, sin infraestructuras dignas y sin un cambio profundo de modelo, el sistema educativo público se encamina hacia un escenario insostenible, con riesgo real de desmotivación y precarización de la labor docente. No es de extrañar que cada vez sean menos las personas que apuestan por dedicarse a la docencia: la vocación sin unas condiciones adecuadas no es suficiente.
Desde STERM reiteramos nuestra exigencia de medidas inmediatas y compromisos firmes. Seguiremos defendiendo una educación pública de calidad y unas condiciones dignas para todo el personal docente.
