“PIN Parental. El adoctrinamiento son los otros”
Cada año cientos de centros públicos de la Región se llenan de simbología religiosa sin que se requiera informar a las familias, ni pedirles autorización. El hecho de que la asignatura de Religión sea de oferta obligada en los centros educativos es algo que tenemos perfectamente asumido. Y que el personal docente que la imparte sea elegido por las organizaciones religiosas, también. Sin embargo, en los últimos años la parte más conservadora de la sociedad ha orientado sus ataques a la educación en valores.
La Religión en nuestros centros ha sido de las pocas constantes que se ha mantenido a lo largo de las sucesivas leyes educativas. Tras la última, en nuestra Región, a la Católica, se le han sumado la Islámica y la Evangélica, hecho que firmes defensores de la enseñanza religiosa ven como un peligro para nuestra sociedad. Celebramos que se den cuenta de que las creencias religiosas no tienen cabida en nuestras aulas, aunque solo lo vean en aquellas que no son las suyas.
En nuestra Región, hace unos años, cuando el Partido Popular necesitó los votos de Vox para mantenerse en el Gobierno autonómico, fue nombrada Consejera de Educación M.ª Isabel Campuzano, recordada casi únicamente por la implementación del llamado PIN Parental. En las Instrucciones de inicio de curso de 2019-2020 que dio la Consejería a los centros educativos se incluyó que las familias debían autorizar cualquier actividad complementaria en la que participara personal ajeno al centro. Daba igual que estas ya hubieran sido aprobadas por el claustro de profesorado, por el Consejo Escolar y por Inspección Educativa.
El PIN Parental se convirtió en el símbolo de la lucha contra el adoctrinamiento en las aulas, especialmente para la extrema derecha. Se trataba de una medida que implicaba que las familias tuvieran que autorizar que sus hijas e hijos fueran a charlas de primeros auxilios o de orientación para el mundo laboral. Pero no solo eso, ponía en las familias la decisión de que pudieran recibir información sobre abuso sexual, acoso escolar, violencia de género, racismo, LGTBfobia o cualquier otro tema necesario para desarrollarse como personas funcionales.
Las familias donde se podían dar casos de violencia de género o sexual eran quienes decidían si sus hijas iban a recibir la formación para poder identificarlo. Aquellas personas que más necesitaban de esta formación eran a quienes se les negaba. En muchos casos, la escuela es el único sitio donde se tiene la oportunidad de descubrir que el mundo es mucho más libre del que viven en sus casas. Sin formación diferente de la recibida en casa, se les condena a repetir los mismos patrones.
El PIN Parental fue recurrido por STERM y por el Gobierno estatal, y fue suspendido cautelarmente porque infringía el derecho a la educación del alumnado. A partir de entonces, desde el curso 2021-2022, “únicamente” se debe informar a las familias con una semana de antelación si la actividad implica a personal ajeno al centro educativo. A pesar de este cambio, esta norma se incumple sistemáticamente en muchos centros, por lo que el alumnado que no tiene la aprobación de las familias es excluido de la actividad.
Llevamos décadas viendo cómo las aulas y pasillos de los centros educativos se llenan de motivos religiosos sin la autorización de las familias que tienen unas creencias diferentes. Pero es para hablar de los temas que mandata tanto la ONU, como Amnistía Internacional y la Unión Europea cuando la Administración se preocupa de “proteger” a nuestra infancia. Parece que adoctrinar es enseñar valores democráticos y Derechos Humanos que no caben en las interpretaciones más excluyentes y radicales.
La legislación española defiende que el alumnado debe aprender sobre prevención de la violencia machista, diversidad sexual y de género y memoria histórica, entre otros temas, por lo que impedir que esto ocurra debería tener consecuencias. Que el PIN parental ya no exista es una victoria, pero no es suficiente si se sigue imponiendo en los centros educativos.
Medidas han conseguido que el personal docente tema organizar actividades necesarias por las posibles consecuencias. Desde STERM os animamos a que hagáis cumplir y la ley y denunciéis aquellas situaciones en las que se aplique el PIN parental de forma encubierta. Debemos hacer prevalecer el derecho a la educación de todo el alumnado.
