DENUNCIAMOS LA SEGREGACIÓN DEL ALUMNADO DIVERSO
“Si quieres desprestigiar una profesión o a un profesional, dale más tarea de la que pueda hacer”.
Desde la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) promulgada en 1982, pasando por la LOGSE de 1990, la LOCE de 2002 y la LOE de 2006, se fue consolidando en el sistema educativo español el concepto de alumnado con necesidades educativas especiales, frente al concepto de alumnado de educación especial. La transformación de este concepto supuso un salto cualitativo en la articulación de la respuesta educativa que este alumnado demandaba. Se situó el problema, no en las dificultades que presentaban estas niñas y niños, sino en la respuesta que tenía que proporcionar un sistema educativo que se regía por los principios de normalización e integración escolar. Para ello se llevaron a cabo importantes reformas y progresivamente se fue dando un cambio de mentalidad que, como no puede ser de otra manera, trascendió la propia escuela para transformar los conceptos en el entorno social.
Mucho ha llovido desde entonces, tanto que incluso el concepto de integración escolar fue progresivamente sustituido por el concepto de inclusión educativa, mucho más amplio y reconocido por diferentes organismos mundiales, como “El Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas“, que establece el derecho a una Educación Inclusiva, donde es el sistema educativo el que se adapta a las necesidades del alumnado, flexibilizando el currículo y la organización para crear una respuesta inclusiva.
El desarrollo de la normativa en la Región de Murcia fue paralelo al de la normativa estatal, la innovación educativa empezó a brillar a través de muchos centros de nuestra región, que investigaban nuevas formas de atención a este alumnado, dirigida en muchos casos por varias universidades, incluida la Universidad de Murcia a través del equipo de investigación de Pilar Arnaiz, referente de la educación inclusiva en la Región. La Administración proporcionó formación, asesoramiento, y libertad pedagógica para la realización de proyectos de innovación en la acción. Muchos centros educativos pusieron en marcha las estrategias organizativas, didácticas y metodológicas necesarias para articular la respuesta educativa a estas necesidades educativas especiales, con notables resultados.
Pero llegaron los recortes y la pésima gestión educativa en el Gobierno Regional. El alumnado ACNEE deja de computar como dos y las ratios se disparan. El programa bilingüe agrupa al alumnado con menor expediente académico en los mismos grupos, los grupos no bilingües, que se dotan de más apoyo, siempre insuficiente, casi nunca dentro del aula; en aulas masificadas donde trabajar un enorme abanico de casuísticas particulares impide la atención individualizada (dislexias, refuerzo educativo, TEA, TDAH, ACNEEs, desconocimiento del idioma).
Con la burocratización de la enseñanza, la subida de las ratios escolares, los recortes en profesorado, el aumento en el horario lectivo, la rigidez del currículo, la imposición de un sistema de evaluación inflexible e irreal y la escolarización segregada, se ha retrocedido 25 años en la atención a este alumnado. Se ha vuelto a planteamientos que niegan que la diferencia de capacidades supone un reto y uno de los principales valores que tiene la escuela pública, frente a una escuela que excluye, porque este alumnado no entra dentro de los parámetros de homogeneidad que estos gestores pretenden imponer.
Hoy día constatamos cómo se han ido reduciendo los recursos que ayudaban a dar una respuesta inclusiva en los centros ordinarios: cada vez menos profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), fisioterapeutas, Auxiliares Técnicos Educativos (ATE), Equipos de Orientación Educativa, profesorado de Servicios Técnicos a la Comunidad (PTSC), o profesorado de apoyo ordinario. Para centralizarlo todo en multitud de aulas abiertas públicas y concertadas, y colegios de educación especial, que sin negar nunca que sean la respuesta necesaria para buena parte del alumnado de NEE, no son suficientes de por sí.
Las instrucciones para la Atención a la Diversidad y Orientación Educativa y la ley que regula la Atención Temprana en la Región de Murcia suponen una sobrecarga horaria para la orientación sin precedentes, además de generar cuellos de botella difícilmente gestionables, para los Equipos de Orientación Educativa y los de Atención Temprana que, no nos olvidemos, no solo trabajan la parte educativa sino con una perspectiva global que incluye entorno familiar y desarrollo personal. Ni se ha regulado bien, ni se cuenta con las instalaciones adecuadas, ni se han actualizado los modelos de informe ni se han digitalizado. Más burocracia, como siempre, sin aumento de profesionales para un servicio cuya demanda no deja de crecer.
La orientación educativa en la Región está muy lejos de respetar las recomendaciones de 250 estudiantes por orientador/a, en un contexto de creciente complejidad. Las orientadoras y orientadores en nuestra Región tienen docencia directa, en un momento en el que la salud mental de nuestro alumnado requiere más atención que nunca. Tampoco se prevé cómo se van a atender los resultados de esas nuevas pruebas de cribaje que se anuncian en prensa, como siempre con el mismo personal. Se debiera considerar, por encima de todas las cosas, el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes. Para eso, necesitamos más inversión, más personal, menos ratio y unos servicios públicos, públicos.
“El defecto por sí solo no decide el destino de la personalidad, sino las consecuencias sociales y su realización sociopsicológica. Desde la perspectiva del futuro es la pedagogía un manantial inmenso de posibilidades en la formación del ser humano y su futuro”. (Lev Vygotsky)
Comunicado-Atencion-a-la-Diversidad-16-03-23Descarga
